Magisterarbeit, 2014
45 Seiten
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
Este documento presenta la tesis del autor sobre el papel fundamental que debe asumir la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDESEG) como árbitro en la resolución de conflictos entre asegurados y aseguradores en Venezuela. El documento enfatiza la naturaleza del asegurado como parte débil en esta relación contractual y busca ofrecer una solución basada en el marco legal venezolano.
Este capítulo analiza el marco legal venezolano y su aplicación al contrato de seguros, con énfasis en el concepto de "Estado Social de Derecho y de Justicia Social". Se explora cómo este marco legal busca proteger los intereses del asegurado como parte débil y cómo la relación contractual entre asegurado y asegurador ha sido marcada por un conflicto de intereses.
Este capítulo examina el rol actual de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDESEG) en el ámbito del seguro venezolano. Se analiza cómo la SUDESEG ha ido perdiendo sus facultades de arbitraje a lo largo de los años y cómo la legislación actual no define claramente sus funciones en la resolución de conflictos. Se critica la inacción de la SUDESEG en la protección de los intereses del asegurado y se destaca la necesidad de que la SUDESEG asuma su responsabilidad como árbitro imparcial y justo.
Los principales términos y conceptos que se analizan en este trabajo incluyen: contrato de seguros, Estado Social de Derecho y de Justicia Social, débil jurídico, asegurado, asegurador, Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDESEG), arbitraje, conciliación, conflicto de intereses, derechos económicos, sociales y culturales, ley de la actividad aseguradora, normativa legal, jurisprudencia, tratados internacionales, protección al consumidor, principio de especialidad.
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDESEG) tiene la función de regular el mercado de seguros y actuar como árbitro administrativo en la resolución de conflictos entre asegurados y empresas aseguradoras.
Se le considera la parte débil porque generalmente no maneja el contenido técnico del contrato ni la legislación especializada, mientras que la aseguradora tiene el poder económico y el control sobre las condiciones contractuales.
La Constitución establece un Estado Social de Derecho y Justicia, lo que obliga a las instituciones a proteger los derechos de los ciudadanos (consumidores) frente a los abusos de las entidades poderosas.
Los conflictos suelen surgir cuando la aseguradora se niega a pagar una indemnización utilizando subterfugios legales o interpretaciones restrictivas del contrato.
Es un mecanismo alternativo para solucionar disputas sin llegar a los tribunales ordinarios, donde la SUDESEG interviene para buscar una solución justa y equilibrada.
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