Magisterarbeit, 2014
45 Seiten
Jura - Zivilrecht / Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Wirtschaftsrecht
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL LEGAL Y EL CONFLICTO DE INTERESES
I.1. EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y JUSTICIA SOCIAL EN VENEZUELA
I.2. INGERENCIA DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHOS EN EL CONTRATO DE SEGUROS
I.3. DOS CULTURAS CONTRAPUESTAS Y UN CONFLICTO DE INTERESES
CAPÍTULO II: EL ÁRBITRO ADMINISTRATIVO EN EL SEGURO VENEZOLANO
II.1. EL ROL ACTUAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA
II.2. EL DEBER DE POLICÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
CAPÍTULO III: ALTERNATIVA ORIENTADA A SOLUCIONAR EL CONFLICTO
ASEGURADO-ASEGURADOR EN VENEZUELA
El objetivo principal de esta investigación es proponer una reforma en los procedimientos administrativos ejecutados por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDESEG) para que esta asuma eficazmente su rol de árbitro en los conflictos contractuales, garantizando los derechos económicos del asegurado ante las empresas aseguradoras.
I.3. DOS CULTURAS CONTRAPUESTAS Y UN CONFLICTO DE INTERESES
Como puede observarse de lo antes dicho, en el contrato de seguros existen dos culturas que se contraponen al buscar la interpretación del contrato que los une: a) la representada por el asegurador, quien demuestra ceñirse a lo estipulado en interpretación literal de las cláusulas contractuales y que asume una postura estricta de sus normas aplicando inmisericordemente el pacta sunt servanda; y b)la cultura del menesteroso, el jurídicamente débil –asegurado, beneficiario, tomador-, que busca una interpretación más extensa de lo que manifiestan tales cláusulas para hacer reinar los principios rectores de la Constitución venezolana, como lo son el Estado Social de Derecho y de Justicia Social, el de la solidaridad, la colaboración, la máxima buena fe en la interpretación del contrato y la equidad.
El aforismo latino pacta sunt servanda rebus sic stantibus exige que los hechos extraordinarios e imprevisibles de hecho y de derecho que se presenten en el transcurso de la vigencia del contrato, sean tomados también en consideración al momento de la ejecución de la convención. Con todo ello se busca una interpretación del contrato más justa, más acorde con la equidad, con el Estado Social de Derecho y de Justicia Social, con la Máxima Buena Fe, con la solidaridad entre las partes contratantes, cánones rectores éstos que envuelven el contrato de seguros.
CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL LEGAL Y EL CONFLICTO DE INTERESES: Se analiza la fundamentación constitucional del Estado Social de Derecho en Venezuela y cómo esta nueva visión legal protege al asegurado como parte débil frente al poder contractual de las aseguradoras.
CAPÍTULO II: EL ÁRBITRO ADMINISTRATIVO EN EL SEGURO VENEZOLANO: Examina el rol actual de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, cuestionando su pasividad y falta de aplicación efectiva del deber de policía administrativo frente a las irregularidades cometidas por las aseguradoras.
CAPÍTULO III: ALTERNATIVA ORIENTADA A SOLUCIONAR EL CONFLICTO ASEGURADO-ASEGURADOR EN VENEZUELA: Propone una reforma legal para otorgar a la SUDESEG plena autoridad resolutoria y ejecutiva, permitiendo que sus sentencias administrativas garanticen el pago efectivo de siniestros a los asegurados.
Seguro, Superintendencia de la Actividad Aseguradora, Débil Jurídico, Estado Social de Derecho, Arbitraje, Conflicto contractual, Resolución administrativa, Interés social, Indemnización, Protección al consumidor, Jurisprudencia, Deber de policía, Contrato de adhesión, Justicia social, Progresividad de los derechos.
La tesis busca analizar el rol de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDESEG) y proponer una reforma para que actúe como un árbitro efectivo que garantice el pago de indemnizaciones a los asegurados, protegiendo a la parte débil en el contrato de seguros.
Se refiere a la posición de inferioridad del asegurado, beneficiario o tomador frente a la empresa aseguradora, quien al ser la parte poderosa impone las condiciones del contrato de adhesión, dejando a menudo al usuario en una situación de indefensión.
El autor propone una modificación normativa para fortalecer las funciones de la SUDESEG, dándole facultades ejecutivas para dictar sentencias administrativas que obliguen a las empresas a pagar los siniestros sin necesidad de recurrir a procesos judiciales extensos.
El autor señala una gestión negligente que se limita a imponer sanciones administrativas (multas) sin exigir el pago de lo adeudado al asegurado, evadiendo su responsabilidad constitucional de proteger los intereses económicos de los ciudadanos.
El Estado Social de Derecho obliga a que todas las leyes e instituciones, incluyendo el ámbito de los seguros, prioricen la justicia social, el bien común y la protección de quienes están en situaciones de desigualdad o minusvalía económica.
La Constitución es el pilar de la tesis, específicamente a través del artículo 117 sobre los derechos del consumidor y el artículo 2 sobre el Estado Social de Derecho, los cuales fundamentan la necesidad de una intervención estatal activa en favor del asegurado.
Porque el procedimiento actual es voluntario y la SUDESEG se exime de exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones, dejando al asegurado desprotegido y obligándolo a recurrir a la vía judicial a pesar de que el ente tiene la potestad legal para intervenir.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (especialmente la sentencia N° 85 y la sentencia N° 1318) sirve como sustento legal para demostrar que los entes administrativos están obligados a garantizar no solo multas, sino también el pago efectivo de los daños ocasionados a los usuarios.
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